Volumen 6, Nº 11, diciembre 2022 - mayo 2023, pp. 87-98
Lis-Guérrez et al. Menores vícmas de minas anpersona y municiones sin explosionar.
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Menores vícmas de minas anpersona y municiones sin
explosionar en Colombia (2012-junio de 2020)
Child vicms of anpersonnel mines and unexploded
ordnance in Colombia (2012-June 2020)
Resumen
El documento ene como propósito responder ¿cuál fue el comportamiento de los eventos de Minas Anpersona y
Municiones sin Explosionar, en los cuales hubo vícmas menores de edad, entre 2012 y junio de 2020 en Colombia?
Para ello se emplearon las bases de datos de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Anpersonales, las
cuales incluyen: (i) Eventos por MAP (Minas Anpersona) y MUSE (Municiones sin Explosionar) y (ii) Vícmas por
MAP y MUSE. La metodología empleada es cuantava, no experimental, longitudinal y de alcance descripvo y
explicavo. El período seleccionado corresponde al inicio de las negociaciones con las FARC-EP en 2012. Este trabajo
permió idencar que especícamente entre 2012 y junio de 2020 hubo 281 vícmas menores de edad. La mayor
parte fueron niños de zonas rurales que se encontraron con una MAP. Los departamentos con mayor candad
de eventos fueron: Putumayo, Cauca, Nariño, Anoquia, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, Tolima, Valle del
Cauca, Arauca, Vichada, Bolívar, Huila, Meta, Magdalena, Córdoba, Boyacá, La Guajira. A pesar de que la mayoría
de los niños sobrevivieron, sufrieron alguna de las siguientes repercusiones, daño visual o audiva; pérdida de ojos,
manos, brazos, piernas, pies o dedos, quemaduras, alteración psicológica permanente, politraumasmo, cicatrices
en el rostro debido a las heridas y las esquirlas. Finalmente, a parr de la prueba de Friedman se estableció que no
hay evidencia estadísca sobre un cambio signicavo (al 5% de nivel de signicancia) en los períodos comprendidos
entre 2014 a 2016 (durante la negociación) y 2017 y 2019 (pos-acuerdo), en relación con el número de incidentes
por MAP y MUSE en Colombia.
Palabras Clave: acuerdo de paz; Colombia; desminado humanitario; minas anpersona; municiones sin ex-
plosionar.
Abstract
This document aims to establish the behavior of Anpersonnel Mines and Unexploded Ordnance events, in which
minors were vicms, between 2012 and June 2020 in Colombia? For this purpose, we used databases of the
Dirección para la Acción Integral contra Minas Anpersonal, which include: (i) APM (Anpersonnel Mines) and
UXO (Unexploded Ordnance) events and (ii) APM and UXO vicms. The methodology used is quantave, non-ex-
perimental, longitudinal, descripve, and explanatory. The selected period corresponds to the beginning of the
negoaons with the FARC-EP in 2012. It is conrmed that between 2012 and June 2020, there were 281 unde-
rage vicms. Most of them were children from rural areas who encountered an APM. The departments with the
highest number of events were Putumayo, Cauca, Nariño, Anoquia, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, Toli-
ma, Valle del Cauca, Arauca, Vichada, Bolívar, Huila, Meta, Magdalena, Córdoba, Boyacá and La Guajira. Although
most of the children survived, they suered some of the following: visual or hearing damage; loss of eyes, hands,
arms, legs, feet or ngers, burns, permanent psychological alteraon, polytrauma, scars on the face derived from
wounds caused by the shrapnel. Finally, from the Friedman test, we can conclude that there is no stascal evi-
dence of a signicant change from 2014 to 2016 (during the negoaon) and 2017 and 2019 (post-agreement)
concerning the number of incidents of APL and UXO in Colombia.
Keywords: peace agreement; Colombia; humanitarian demining; anpersonnel mines; unexploded ordnance.
Jenny Paola Lis-Guérrez
1
; Henry Zapata-Patarroyo
2
;
Melissa Lis-Guérrez
3
; Jonathan Jiménez-Parra
4
(Recibido: mayo 05, Aceptado: octubre 28, 2022)
hps://doi.org/10.29076/issn.2602-8360vol6iss11.2023pp87-98p
1
Docente invesgadora. Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia. Doctora en Ingeniería – Industria
y Organizaciones. Magister en Análisis de Problemas Polícos, Económicos e Internacionales. Magister en «sociétés
contemporaines comparées Europe – Amérique lane». Especialista en Estadísca Aplicada. Especialista en Evaluación y
Formulación de Proyectos. Economista y Psicóloga. Email: Jenny.lis@konradlorenz.edu.co. ORCID: 0000-0002-1438-7619
2
Docente invesgador de la Corporación Universitaria del Meta, Villavicencio, Colombia. Psicólogo y Sargento Mayor en uso de
buen rero. Experto en seguridad y análisis de información. ORCID: 0000-0002-9512-8829.
3
Docente invesgadora de la Corporación Universitaria del Meta, Villavicencio, Colombia. Candidata a Doctora en Ciencias
Agrarias, Magister en Ciencias Agrarias e Ingeniera Agrónoma. Email: melissa.lis@unimeta.edu.co. ORCID: 0000-0002-2598-
3088
4
Zootecnista con experiencia en ejecución de proyectos de Desarrollo rural integral. Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
Zipaquirá, Colombia. Email: jrjimenezpa@unadvirtual.edu.co. ORCID: 0000-0001-5390-5223.
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INTRODUCCIÓN
En el marco del conicto armado existe
un número importante de niños, niñas y
adolescentes que son vícmas sobrevivientes
de minas anpersonales y otros remanentes
explosivos de guerra y que han quedado con
lesiones permanentes a raíz de estos accidentes.
Entre enero de 1990 y hasta junio de 2020, la
cifra de menores de edad heridos por Minas
Anpersonal (MAP) o Municiones sin Explotar
(MUSE) era de 1.221, equivalentes al 10% del
total de vícmas a esta fecha (11.872). Dentro
de este grupo, 966 menores sufrieron heridas a
causa de MAP y MUSE y 255 fallecieron (1).
Para atender a esta población se denió el
“Lineamiento técnico para el restablecimiento
de derechos y contribución a la reparación
integral a niños, niñas y adolescentes vícmas
de minas anpersonal, municiones sin explotar y
artefactos explosivos improvisados y niños, niñas
y adolescentes vícmas de acciones bélicas y de
atentados terroristas en el marco del conicto
armado” aprobado mediante la Resolución
1517 de 2016 del ICBF (2, 3).
Lo dicil de esta situación es que a pesar de
la rma del acuerdo de paz y las labores de
desminado humanitario que se llevan a cabo
desde 2014, menos del 40% de los municipios en
Colombia son zonas libres de Minas Anpersonal
(MAP) o Municiones sin Explotar (MUSE). Esta
condición empeora considerando que los
diferentes grupos armados han manifestado
su desconocimiento de la ubicación y candad
exacta de minas sembradas a la actualidad.
Adicionalmente, las leyes actuales no permiten
garanzar la prohibición de la producción,
almacenamiento y uso de minas anpersonales
(4).
En el año 2003, el tema del desminado fue uno
de los puntos incluidos en la Conferencia Especial
sobre Seguridad llevada a cabo en 2003, en la
ciudad de México, la cual estaba enfocada en la
seguridad muldimensional y en la aproximación
cooperava (5). Ante esta situación, el gobierno
colombiano connúa adoptando medidas de
protección para la población infanl afectada
por el conicto armado de manera directa o
indirecta, parcularmente, aquellos que han
sido mulados por minas anpersonales o
que han evidenciado fracturas en sus núcleos
familiares (4, 6, 7).
Es necesario considerar como primer elemento
el rol de la Organización de Estados Americanos
(OEA) en cuanto a la seguridad muldimensional
y hemisférica se reeren ya que desde 2003,
esta organización, ha promovido la aplicación de
acciones de cooperación que permieran tener
un hemisferio libre de minas anpersona, de la
mano con programas de educación, asistencia,
y recuperación para las vícmas, sus familias y
desde luego para los territorios afectados por
este agelo (5).
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria
Histórica y Fundación Prolongar (4, 8), Colombia
ocupa el segundo lugar en lo que respecta al
número de vícmas por artefactos explosivos
terrestres en el mundo. Condición que deja en
evidencia la problemáca muldimensional del
conicto pasado y sus efectos actuales, en donde
las estrategias delicvas sostenidas por parte
de grupos armados (guerrillas, autodefensas
y otros), han aanzado esta forma de lucha en
búsqueda de objevos como el control territorial
y defensa de sus áreas delicvas.
Es de tener en cuenta que esta conducta
armada se desarrolló por las Farc-Ep, y el ELN
desde 1964 año de su conformación como
grupos guerrilleros, y fue más especializado este
actuar en Colombia por razones de aprendizaje
y perfeccionado por integrantes del Ejército
de Liberación Nacional (ELN) en los años 80
quienes estuvieron en Vietnam por espacio de
seis meses, siendo irrigado en la conjunción
de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
en 1987 donde parciparon organizaciones
como las Farc-Ep, el Comando Quinn Lame, el
Ejército Popular de Liberación (EPL), el Pardo
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ya que
esta forma de actuar había sido aplicada con éxito
en otros países como el Salvador, Guatemala,
Chile, Cuba y Vietnam, donde se implementó
en la guerra de guerrillas, queriendo converr
a la insurgencia colombiana en un elemento
primordial en la lucha armada popular, siendo
a su vez un catalizador de ventajas para las
organizaciones revolucionarias.
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En el caso especíco de las Farc-Ep, esta forma
no convencional fue conocida al interior de
la organización como elemento intrínseco del
armamento popular y les permió tener una
directriz clara dada desde el Estado Mayor para
ampliar la ventaja en el terreno, en sus áreas de
injerencia de los más de 120 frentes o estructuras
que afectaron en treinta y un departamentos
de Colombia (9, 10). Cada estructura tenía
explosivitas, encargados de la elaboración de
los AEI (Artefactos explosivos improvisados) en
talleres populares. Un 100% de los integrantes
de cada frente eran instruidos en el armado de
(MAP -Minas Anpersona- o AEI) de la misma
manera que recibía instrucción para aprender a
disparar un arma de fuego, aunque solo un 30%
aprendía cómo instalar este po de artefactos
explosivos.
Los MAP o AEI se ulizaron por las Farc-Ep, en sus
disntos bloques, bloques móviles, columnas
móviles, frentes, compañías, comisiones y células
clandesnas, con el único n de converrlos
en un arma letal, por su forma indiscriminada
de instalación, bajo costo, fácil fabricación,
transporte y ubicación en cualquier po de
terreno como, “escuelas, caminos terciarios
veredales, comunicación interna entre ncas,
sembradíos en culvos de pan coger, zonas
perimétricas en áreas comunales y escolares,
fuentes de agua, zonas sembradas con matas de
coca, amapola, marihuana, así como en arboles
insertos en las montañas” (3).
Es por ende que las AEI y las MAP fueron
catalogadas por las guerrillas y son catalogados
actualmente por los más de 23 Grupos Armados
Organizados Residuales (GAO-R) provenientes
del ADN de las Farc-Ep, como un arma de doble
vía en el actuar delicvo (11), ya que se aplicó en
la guerra de la sombra montañosa colombiana
como elemento de “ataque – defensa”.
Para esta forma de armamento las Farc-Ep, en sus
planteamientos y polícas en el campo armado
cumplió con una serie de principios entre ellos
(i) Consecución fácil de los materiales para su
elaboración. (ii) Fabricación. (iii) Transporte. (iv)
Manejo. (v) Seguridad (vi) Alta ecacia. Fue tal
la implementación de este po de arma que
llegó a tenerse como consigna al interior de los
grupos armados donde se indicaba que, por
cada ro disparado, debería la Fuerza Pública
acvar un mínimo de 10 kilos de explosivo en las
diferentes trampas ubicadas como AEI o MAP
estas deberían ser accionadas antes de llegar a
los campamentos guerrilleros o al ingreso de las
tropas a las áreas de injerencia de las diferentes
estructuras en las disntas áreas de la geograa
nacional (12, 13).
Es así como los AEI fueron nombrados al interior
de la guerrilla como el “soldado perfecto”,
ya que este permanecía alerta las 24 horas
del día por mínimo 10 años de durabilidad,
teniendo un valor de producción desde $5.000.
Los AEI no requerían una alta tecnología
para su elaboración, por ejemplo, podían ser
construidos con: (i) un embace de atún o un
trozo de tubo de PVC entre 5 y 10 cm de largo
por una pulgada de diámetro, (ii) una jeringa
como iniciador, (iii) cera de veladoras, (iv) una
batería triple A, (v) dos cables de energía de 10
cm de largo, (vi) cinta plásca, (vii) 100 gramos
de nitrato de amonio extraído del abono Nitron,
el cual es ulizado como ferlizante por los
campesinos, (viii) la metralla, que podía ser
tuercas, tachuelas, esferas, recortes de metal,
o todos aquellos productos que pudieran ser
expulsados por la presión y sirviesen para herir
o matar (14).
En el anterior contexto, el costo económico
de la elaboración era realmente mínimo y el
despliegue de estos elementos en el terreno
muy amplio e indiscriminado, sin que exisesen
al interior de las Farc-Ep, protocolos de registro
respecto de conocer la ubicación de estos
artefactos explosivos. Por ello, actualmente
es dispendioso desarrollar una acvidad
de desminado, ya que solo se cuenta con
ciertas áreas extensas de terreno catalogadas
como zonas para desarrollar el desminado
humanitario.
A nales del año 2016 se rmó el Acuerdo
de Paz por parte del Gobierno Nacional y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc-Ep), en el cual se indicó la contribución de
esta organización al suministro de información,
limpieza y descontaminación con respecto de
AEI y MUSE, todo ello conocido en el entorno
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operavo de la Fuerza Pública como MAP (15).
Cabe anotar que en el acuerdo de paz rmado
por el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, registra
en doce (12) oportunidades el tema de minas
anpersonales
1
.
Al conocer como las Farc-Ep, involucraron a
la población al sembrar indiscriminadamente
este po de artefactos sin que exisese una
políca del control respecto a la siembra de
minas anpersonales, permite establecer
como el conicto se desarrolló de manera
indiscriminada ligando esta conducta para
querer mantener control territorial, seguridad
en los campamentos, control de vías terciarias y
caminos de herradura, control de disntas áreas
base, control de zonas de injerencia delicva,
cuidado de áreas de producción respecto de
culvos de hoja de coca; prácca que se dio para
impedir el avance de la Fuerza Pública.
Nunca este po de organizaciones delicvas
tendrán en cuenta a las comunidades
campesinas que fueron, son y seguirán siendo
objeto de peligro a caer en campos minados en
sus propiedades, signicando ello una amenaza
constante en los territorios, las disntas
comunidades y cada uno de los ecosistemas
(14).
En esta acvidad de guerra de guerrillas fueron
los menores de edad los más afectados. Unos
al reclutarse de manera indiscriminada. Otros,
jóvenes campesinos llegaron a ser vícmas
al acvar algún po de artefacto explosivo
improvisado. Por su parte las milicias rurales e
incluso civiles se convierten en vícmas de un
conicto que se ha desarrollado por más de 53
años en el país. Condición que es consecuencia
directa de la presión armada, que ha llevado
a considerar la necesidad de reconstruir de
cierta forma las estructuras armadas, debido a
disntos factores como (i) intereses económicos
individuales en sus territorios, (ii) no querer
abandonar a sus familias para refugiarse en
zonas transitorias, (iii) la desconanza en el
mismo proceso posconicto.
El anterior escenario permite conocer un
1
En los puntos: 3.1.7 dejación de armas, 3.1.7.1 procedimiento, 4.1.3.1 Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por
los culvos de uso ilícito, 5. Acuerdo sobre las vícmas del conicto. C.- Limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra, municiones sin explotar y
minas anpersona de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por estos artefactos… 5.1.3.2. Acciones concretas de contribución a la
reparación… Y en los protocolos de seguridad.
elemento con visión muldimensional el cual
debe ser analizado ante el incremento de
estructuras armadas de los GAO-R nanciadas
por el narcotráco, la minería ilegal, el tráco de
armas entre otros y que se viene presentando de
forma predominante en departamentos de Valle,
Cauca, Nariño, Córdoba, Anoquia, Santander,
Norte de Santander, Arauca, Choco, Putumayo,
Caquetá, Meta (8). Son estos departamentos
donde se ha venido incrementando el accionar
armado con masacres, asesinato de líderes
sociales y es allí donde las vícmas, entre estas
las minorías indígenas y afrodescendientes
siguen sufriendo por los artefactos explosivos
de los grupos delicvos (16).
A pesar de ello, algunas de las mayores
dicultades asociadas al incumplimiento del
programa de desminado, están ligadas a (i) la
presencia de grupos delicvos que ocuparon
las anguas áreas de injerencia de las exntas
Farc-Ep, (ii) la reagrupación de las disidencias
de las Farc-EP en Grupos Armados Organizados
Residuales (GAO-r) (17) y (iii) la ampliación de las
áreas de inuencia delicva de organizaciones
ya existentes como el ELN, EPL, Clan del Golfo,
Punlleros, entre otros (10). Todo esto se
traduce en el surgimiento o fortalecimiento
de las economías criminales, asociadas con
contrabando, tráco de armas, control en la
cadena de producción de alcaloides, minería
ilegal, entre otros (18, 19, 20).
En este contexto, el propósito de este arculo
es establecer ¿cuál fue el comportamiento de
los eventos de Minas Anpersona y Municiones
sin Explosionar, en los cuales hubo vícmas
menores de edad, entre 2012 y junio de 2020
en Colombia? Para ello se analiza la información
pública de la Dirección para la Acción Integral
Contra Minas Anpersonales (21, 22).
El documento se encuentra dividido en
cuatro secciones, iniciando por una síntesis
de las principales deniciones y conceptos.
En la segunda se formula un marco de
contextualización, seguido por una tercera
sección en la cual se presentan los hallazgos
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Esta base conene: “Registro del núcleo básico de las vícmas de minas anpersonal (MAP), artefactos explosivos improvisado (AEI) con caracteríscas de
minas anpersonal y municiones sin explotar (MUSE) que se han presentado en Colombia en el periodo comprendido entre 1990 al mes anterior de la fecha
de corte” (Datos abiertos, 2021).
especícos sobre las vícmas de MAP y MUSE
menores de 18 años. En el úlmo segmento se
encuentra la discusión.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta invesgación es de po cuantavo y
su alcance es descripvo. El diseño es no
experimental y de corte longitudinal. Para el
análisis se recurrió a la cartograa estadísca
(23, 24) y a la estadísca no paramétrica,
especícamente a la prueba de Friedman (25,
26).
Los datos considerados fueron los disponibles
sobre la Situación Vícmas Minas Anpersonal
en Colombia
2
(22). Desde 1990, hasta junio de
2020 hubo evidencia de 11.872 vícmas de MAP
y AEI, de ellas, 9.564 quedaron heridas (80,56%)
y 2.308 murieron (19,44%). El número de
vícmas menores de edad en se mismo período
fueron 1.221, de estas fueron 966 heridas y 255
muertas (Tabla 1). Especícamente entre 2012 y
junio de 2020 hubo 281 vícmas (Tabla 2).
RESULTADOS
Descripción del fenómeno
En el siguiente segmento, se sinteza lo
acontecido a los 281 niños, entre 2012 y junio
de 2020. En primer lugar, la mayor parte (151)
menores de edad fueron vícmas de una MAP,
quienes debido a la costumbre laboriosa de su
actuar cayeron en estos campos minados, en
la ejecución de tareas propias del campo. Los
principales afectados fueron los niños hombres
(212). 170 quedaron heridos, mientras que 42
fallecieron. En el caso de las niñas 61 quedaron
heridas y 8 murieron. 280 de los niños vivían
principalmente en zonas rurales, sólo 1 en zona
urbana y fue un niño.
Los incidentes se presentaron principalmente
en Putumayo (50), Cauca (46), Nariño (43),
Anoquia (36), Norte de Santander (26),
Chocó (16), Caquetá (13), Tolima (9), Valle del
Cauca, Arauca, Vichada, Bolívar, Huila, Meta,
Magdalena, Córdoba, Boyacá, La Guajira (Figura
1).
Tabla 1. Víctimas menores de edad por sexo y estado
(1990 – junio de 2020)
Tabla 2. Víctimas menores de edad por sexo y estado
(2012 – junio de 2020)
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Mujer Hombre Sin Información
Herido 218 743 5
Muerto 47 206 2
Total 265 949 7
Femenino Masculino
Herido 61 170
Muerto 8 42
Total 69 212
Figura 1. Distribución espacial de las víctimas menores de edad (2012- junio 2020)
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de la DAICMA (2020), usando Philcarto.
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Ahora bien, en la Figura 2 se aprecia que los
departamentos en los cuales hubo eventos
con vícmas menores de edad mujeres fueron:
Anoquia (8), Caquetá (5). Cauca (19), Chocó (5),
Magdalena (2), Nariño (3), Norte de Santander
(7), Tolima (4), Arauca (1) y Putumayo (15).
La Figura 3 muestra que el saldo de muertes es
superior al de heridos en Boyacá, y equivalente
en Córdoba y Vichada. Por su parte, en Caquetá,
Cauca, Magdalena, Meta, Nariño, Valle del
Cauca, Arauca, Putumayo y Vichada, la mayor
candad de vícmas se presentaron por MUSE
(Figura 4).
Figura 2. Distribución espacial de las víctimas menores de edad por sexo (2012- junio 2020)
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de la DAICMA (2020), usando Philcarto.
Figura 3. Distribución espacial de las víctimas menores de edad por estado (2012- junio 2020)
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de la DAICMA (2020), usando Philcarto.
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Entre las minorías afectadas por este po de
artefactos explosivos se encuentran indígenas
con (62) casos y afrodescendientes con (15)
casos, siendo estos quienes se ubican en
zonas que representan la ancestralidad en
sus disntas zonas de residencia (Figura 5). Al
momento de causarse este po de evento, los
artefactos se encontraban frecuentemente en
sios como caminos de herradura, próximos
a sios de cruce de cercas, en los alrededores
de centro deporvos comunitarios o a escuelas
de primaria en el campo. Cuando acvaron el
artefacto explosivo, 94 menores indicaron que
sólo pasaron cerca del explosivo, 62 armaron
que se encontraban jugando, 35 transitaban
por la misma vía de siempre catalogada como
camino de herradura, 10 estaban recogiendo
agua, madera o comida, 8 estaban cuidando los
animales, 5 manifestaron que se encontraban
ayudando en acvidades de agricultura cuando
sineron la explosión de un artefacto, y 3
menores relacionaron estar cerca de la casa.
Figura 4. Distribución espacial de las víctimas menores de edad por tipo de artefacto (2012- junio 2020)
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de la DAICMA (2020), usando Philcarto.
Figura 5. Distribución espacial de las víctimas menores de edad que pertenecían
a grupos étnicos (2012- junio 2020)
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de la DAICMA (2020), usando Philcarto.
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La gran mayoría sobrevivió, pero sufrió alguna de
las siguientes repercusiones, afectación visual o
audiva; pérdida de ojos, manos, brazos, piernas,
pies o dedos, quemaduras, politraumasmo,
Desde 2004 cuando iniciaron en Colombia
las labores de desminado humanitario y de
acuerdo con los reportes en junio de 2020, sólo
había 404 municipios sin sospecha de MAP o
MUSE. 145 se encontraban en intervención, de
los cuales 134 fueron asignados para labores
de desminado humanitario, que son llevadas a
cabo por el Ejército y la Armada Nacional. Cabe
indicar que a pesar de los esfuerzos de más de
tres quinquenios aún no es posible indicar que
afectación psicológica permanente, cicatrices
en el rostro debido a las heridas y las esquirlas
(Figura 6).
Colombia es un territorio seguro en cuento a
MAP y MUSE.
Comparación eventos de MAP y MUSE por
período
Para nalizar el ejercicio se llevó a cabo una
prueba no paramétrica (Test de Friedman),
tomando como datos de contraste los eventos de
MAP y MUSE en dos períodos: 2017 a 2019 (post-
acuerdo) y 2014 a 2016 (fase de negociaciones).
Los datos ulizados se encuentran en la Tabla 3.
Figura 6. Secuelas de los menores de edad que sobrevivieron al incidente
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de la DAICMA (2020).
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de la DAICMA (2020).
Tabla 3. Eventos de MAP y MUSE por período
Departamento
Código
DANE
2017-2019 2014-2016
MAP MUSE Total MAP MUSE Total
Anoquia 05 4 0 4 2 1 3
Arauca 81 1 0 1 1 3 4
Bolívar 13 1 0 1 2 1 3
Caquetá 18 0 3 3 4 0 4
Cauca 19 1 2 3 7 5 12
Choco 27 1 4 5 4 0 4
Huila 41 0 0 0 2 2 4
Meta 50 0 0 0 0 2 2
Córdoba 23 1 0 1 0 0 0
Nariño 52 3 9 12 2 5 7
Norte de Santander 54 8 1 9 1 0 1
Valle del Cauca 76 0 4 4 0 0 0
Putumayo 86 0 0 0 2 34 36
Tolima 73 0 0 0 0 1 1
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De acuerdo con los resultados de la Tabla
4, no hay evidencia estadísca que permita
armar que exista un cambio signicavo (al
5% de nivel de signicancia) entre los períodos
comprendidos entre 2014 a 2016 y 2017 y
CONCLUSIONES
Este trabajo permió idencar que
especícamente entre 2012 y junio de 2020
hubo 281 vícmas menores de edad. La mayor
parte fueron niños que habitaban en zonas
rurales, que se encontraron con una MAP.
Los departamentos más afectados fueron:
Putumayo, Cauca, Nariño, Anoquia, Norte de
Santander, Chocó, Caquetá, Tolima, Valle del
Cauca, Arauca, Vichada, Bolívar, Huila, Meta,
Magdalena, Córdoba, Boyacá, La Guajira.
A pesar de que la mayoría de los niños
sobrevivieron, presentaron alguna de las
siguientes repercusiones, afectación visual
o audiva; pérdida de ojos, manos, brazos,
piernas, pies o dedos, quemaduras, afectación
psicológica permanente, politraumasmo,
cicatrices en el rostro debido a las heridas y
las esquirlas. A su vez estos adolescentes son
quienes viven de manera directa una serie de
consecuencias que traumazan de por vida
2019, en relación con el número de incidentes
por MAP y MUSE en Anoquia, Arauca, Bolívar,
Caquetá, Cauca, Choco, Huila, Meta, Córdoba,
Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca,
Putumayo y Tolima.
su desarrollo emocional y sico, ya que están
en sus cuerpos las huellas imborrables de la
violencia praccada en Colombia. El uso de
estos artefactos explosivos connúa siendo una
prácca sistemáca en Colombia (28, 29).
Finalmente, a parr de la prueba de Friedman
aplicada se puede concluir que no hay evidencia
estadísca que permita armar que haya
un cambio signicavo (al 5% de nivel de
signicancia) entre los períodos comprendidos
entre 2014 a 2016 (durante la negociación) y
2017 y 2019 (pos-acuerdo), en relación con
el número de incidentes por MAP y MUSE en
Colombia. En otra palabras, frente al número de
vícmas menores de edad no se presentó una
reducción de los incidentes, como se esperaría
después de la rma del acuerdo de paz. Valdría
la pena evaluar si posterior al proceso de paz
se recrudece la ulización de este método por
parte de las organizaciones criminales para ir
consolidando y ampliando su control territorial
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de la DAICMA (21)
y usando la aplicación online de Social Science Statistics (27).
Tabla 4. Resultados de la prueba de Friedman.
Incidente Estadísco e interpretación
MAP
MUSE
Total
96 │
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Lis-Guérrez et al. Menores vícmas de minas anpersona y municiones sin explosionar.
en disputa con otras organizaciones y Estado.
El proceso de desminado humanitario
dicilmente podrá cumplirse completamente,
debido a: (i) dicultades en la ubicación
de los artefactos, (ii) la presencia de otras
organizaciones insurgentes que ulizan estas
mismas herramientas como método para lograr
ventaja ante la Fuerza Pública; (iii) sigue siendo
un método bastante económico y letal para la
defensa y el control de los territorios (30).
Los recursos que se requieren para llevar a cabo
acvidades de educación en el Riesgo de Minas
– ERM, y en las acvidades de desminado no
será suciente para evitar completamente los
eventos e incidentes con este po de artefactos.
Igualmente, debe reconocerse que si bien,
los menores de edad no son las vícmas más
frecuentes, si son las que posiblemente más
empo deban soportar las secuelas de las MAP
y los MUSE. Un análisis similar podría realizarse
para el caso de las mujeres vícmas de estos
artefactos y para los miembros de la Fuerza
Pública que han sufrido algún incidente en el
marco de sus funciones.
Para el futuro, debe considerarse que el
resurgimiento de estructuras que enen
un conocimiento de la guerra de guerrillas,
especialmente de los Grupos Armados
Organizados Residuales o ex Farc-Ep, estas
estructuras incrementarán la ulización de este
po de artefactos explosivos, especialmente
en los departamentos donde el combusble
nanciero son las economías ilegales. Asimismo,
se deberá tener en cuenta el recrudecimiento
del conicto entre organizaciones criminales
como el ELN, los Pelusos, el Clan del Golfo
y las disntas estructuras de los Gaor, en
departamentos como Arauca, y los Santanderes.
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