LA REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR EN LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL DERECHO A RECURRIR

Resumen

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen el derecho a la libertad como universal. Por lo tanto, en el proceso penal ecuatoriano, existen mecanismos para impugnar las decisiones judiciales que restringen este derecho, como la imposición de la prisión preventiva. Sin embargo, no se permite apelar las decisiones que niegan la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar o determinar si tal medida es legítima. Lo cual limita el acceso a la justicia y deja en manos de un solo juez la decisión sobre la restricción de la libertad de una persona. En cambio, debería permitirse apelar estas decisiones, para que un tribunal superior pueda analizar si la restricción es legítima y se ajusta a los preceptos constitucionales y legales que rigen la prisión preventiva como medida excepcional y última opción. Al limitar que solo se pueda apelar la decisión que niega o acepta la prisión preventiva (la que solicita fiscalía) imposibilita implícitamente el derecho a recurrir, de ahí que nace una duda respecto de la constitucionalidad de la norma que regula la improcedencia de interponer recurso de apelación para este caso concreto. El objetivo de la investigación fue determinar si las reglas del COIP recogen las disposiciones constitucionales y garantizan el Derecho a la libertad. La investigación tuvo un enfoque cualitativo y teórico-descriptivo. Se concluyo que, existen contradicciones en las leyes penales que regulan el proceso penal, especialmente en relación con los derechos del debido proceso establecidos en la Constitución del Ecuador y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Palabras clave: Derecho a recurrir, Recurso de apelación, Derecho a la libertad, Prisión preventiva, medidas cautelares.